Por Scott Campbell
El 11 de enero, cinco jóvenes que estuvieron de regreso a sus casas después de una fiesta de cumpleaños durante el fin de semana fueron detenidos por la policía en Tierra Blanca, Veracruz, México, donde se habían parado para conseguir algo de comer. Susana Tapia Garibo, de 16 años; José Benítez de la O, de 24 años; Mario Orozco Sánchez, de 27 años; José Alfredo González Díaz, de 25 años; y Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años, aparecieron en imágenes de vigilancia de haber sido detenido por miembros de la Policía Estatal de Veracruz. Tras su detención, nada más se supo de ellos hasta el lunes, 8 de febrero cuando los restos quemados de dos de ellos, José Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez Arróniz, se encontraron en un rancho en Tlalixcoyan, 65 kilómetros de Tierra Blanca.
Antes de encontrar los cuerpos, varios miembros de la Policía Estatal fueron detenidos, entre ellos Marcos Conde Hernández, jefe del distrito de la zona que incluye Tierra Blanca. De acuerdo con la versión gubernamental, la policía entregó a los jóvenes al Cártel Jalisco Nueva Generación, algunos de cuyos miembros han sido detenidos.
La desaparición en Veracruz llama de inmediato a la mente el caso de Ayotzinapa, cuando el 26 de septiembre de 2014, la policía de Iguala, Guerrero atacaron a un grupo de estudiantes, desapareciendo 43 de ellos y dejando seis muertos. Los 43 de Ayotzinapa siguen desaparecidos hasta hoy día, aunque el gobierno insiste en que la policía entregó a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, quien luego los mataron y quemaron sus cuerpos. La versión gubernamental de los acontecimientos en relación con Ayotzinapa ha sido ampliamente desestimada, incluyendo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que considera la explicación «científicamente imposible.» Bajo la bandera de #FueElEstado, un movimiento militante de protesta surgió en México y en todo el mundo exigiendo el regreso de los estudiantes desaparecidos y echando la culpa por las muertes y secuestros directamente al estado mexicano.
Tierra Blanca y Ayotzinapa son sólo dos ejemplos de una crisis mucho más grande en México: el de la impunidad y el terrorismo de un narcoestado neoliberal. El Indice de Impunidad Global México, un informe publicado este mes por la Universidad de Las Américas, encontró que los niveles de impunidad en México han alcanzado el 99 por ciento. Dejando a un lado la discusión más amplia sobre la conveniencia de las leyes, los tribunales, la policía o las prisiones como el mejor mecanismo de control social, esto significa que menos de uno por ciento de los crímenes en México han sido castigados.
Tal estadística parecería indicar el fracaso absoluto del gobierno de México para llevar a cabo una de las tareas principales de la gobernabilidad, el de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, el verla como un fracaso supone que el estado tiene algún interés en el bienestar de sus ciudadanos. Más bien, la tierra, el territorio, la cultura, el conocimiento y el pueblo de México son vistos por la élite como recursos para saquear, extraer la máxima cantidad de beneficios, y después desprenderse. En caso de que su proyecto neoliberal enfrente resistencia, entonces el terror, la represión, los asesinatos y las desapariciones se convierten en el estado de derecho, ya que la ley es la impunidad. Los titulares generados por Ayotzinapa y Tierra Blanca sirven para recordar a la población mexicana de quién está a cargo y de la precariedad, la fragilidad y falta de valor de sus vidas vistas desde el poder.
Las semillas de terror se siembran en un sinnúmero de maneras por el Estado mexicano; la mayoría no aparecen en las noticias internacionales. Tal vez ningún político ha utilizado este ambiente a su favor más que Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz y aliado del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. En el rancho en Tlalixcoyan, donde los cuerpos de los dos jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca fueron encontrados, investigadores identificaron por lo menos otros 300-400 restos humanos. Marcos Conde, el jefe de policía,ahora detenido, es el sospechoso en la desaparición de al menos otras 18 personas, además de los cinco de Tierra Blanca. En septiembre de 2011, 35 personas fueron encontradas torturadas y asesinadas fuera de una reunión que se celebró Duarte. Al menos trece periodistas en Veracruz han sido asesinados, y cuatro más desaparecidos, durante el gobierno de Duarte. Un crítico de Duarte, Rubén Espinosa, huyó hacia la aparente seguridad de la Ciudad de México, sólo para ser ejecutado el 31 de julio de 2015, junto con Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Milla Virginia Martín y Alejandra Negrete. En una entrevista antes de su asesinato, Vera, activista de Veracruz, indicó que si algo le ocurriera a ella, sería Duarte el responsable. El incidente que condujo a la decisión de Espinosa a huir era el acoso que recibió después de su cobertura de la brutal golpiza y mutilación de ocho estudiantes de la Universidad de Veracruz el 5 de junio de 2015, por hombres enmascarados que los estudiantes insisten fueron enviados por Duarte. El martes 9 de febrero, el día en que el grupo de derechos humanos Artículo 19 dio a conocer un informe que documenta la desaparición de 23 periodistas en México desde 2003, un cuerpo que parece ser de la periodista veracruzana desaparecida Anabel Flores, fue encontrado en el vecino estado de Puebla. Según el informe del Artículo 19, las autoridades locales, estatales o federales estaban involucradas en la desaparición de 16 de los 23 periodistas.
Con más de 164,000 muertos y 27,000 desaparecidos en esta la última manifestación de la «guerra contra las drogas» en México desde 2006, y también con un fenómeno rampante de feminicidios, con siete mujeres asesinadas por día, es fácil decir que los eventos están fuera de control. Sin embargo, el mismo Estado mexicano ha demostrado que es capaz de esforzarse cuando quiere. Por ejemplo, bajo la presión de los EE.UU., México puso en marcha el Plan Frontera Sur en 2015. Al dirigirse contra los migrantes y refugiados de Centroamérica, México duplicó el número de personas que había deportado durante el mismo período en 2014 y por primera vez superó a los EE.UU. en el cantidad de centroamericanos deportados. El estado mexicano también sobresale en la aplicación de su interpretación de la ley cuando se trata de encarcelar a miembros de los movimientos sociales. De acuerdo con CENCOS, 16 presos políticos fueron liberados en 2015, mientras que en el estado de Puebla existen por lo menos 225 personas, ya sea en prisión o con órdenes de aprehensión en contra de ellos por su trabajo político.
La impunidad y el terrorismo en México no son ejemplos del fracaso del estado en la gobernabilidad, sino de los medios con los que gobierna. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos espectaculares en imponer el silencio y la rencición, cada nueva atrocidad agrega combustible a la rabia que se enciende entre cada vez más segmentos de la sociedad civil. Como dice el proverbio mexicano ya rejuvenecido por la lucha de Ayotzinapa: «Nos quieren enterrar, pero se les olvida que somos semillas.»
