[ Insignia de WHINSEC/SOA ]
por Simón Sedillo
Alfredo Castillo, el enviado federal a cargo de la seguridad para el Estado de Michoacán desde enero del 2014, acaba de renunciar. Será reemplazado por el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez un egresado de la Escuela de las Americas (SOA por sus siglas en ingles) del Ejército de Estados Unidos. La Escuela de las Américas es famosa por la formación de una amplia variedad de funcionarios militares de mala fama en toda América Latina en las estrategias y tácticas que incluyen pero no se limitan a la tortura, la manipulación de los medios de comunicación, la coacción, el secuestro, la violación, los asesinatos, las mutilaciones, las masacres, la manipulación política y el paramilitarismo. Desde 1989 grupos de fe religiosos y personas interesadas crearon el SOA Watch, una organización que se ha opuesto abiertamente a la SOA, ha exigido que se hagan publicos los nombres de individuos entrenados en la escuela, y ha expuesto una serie de atrocidades y crímenes cometidos por egresados de la SOA en toda América Latina.
En 2002, la SOA ha cambiado su nombre por el de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, y ha seguido funcionando como el campo de entrenamiento principal para los soldados latinoamericanos en una base militar de Estados Unidos. Más de 1.700 efectivos militares entrenados en la escuela entre 1955 y 2003 eran mexicanos. Debido al trabajo diligente de la SOA Watch, los nombres y los cursos tomados por estos 1.700 efectivos militares mexicanos han sido hechos públicos. Sin embargo, los nombres de los alumnos después de 2003 siguen encubiertos, ya que el último intento de liberar nombres de entrenados fue bloqueado por el gobierno de Obama.
El general Pedro Felipe Gurrola Ramírez presume que fue egresado como Ranger de la escuela de Infantería en el Fuerte Benning, Georgia. El general se encuentra entre varios militares mexicanos de alto rango entrenados en la SOA todavía están en servicio activo, incluyendo. Otro general mexicano infame entrenado en la SOA es el general José Rubén Rivas Peña, quien es el principal responsable de la creación de organizaciones paramilitares civiles militarmente entrenados en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Algunos de estos escuadrones de la muerte de civiles armados fueron creados para enfrentar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus comunidades de bases de apoyo civiles. Continuan de ser responsables de distintos ataques, el peor de los cuales es la masacre en 1997 de civiles desarmados en una iglesia de Acteal, Chiapas, México.
Aunque las autoridades mexicanas afirman que los funcionarios mexicanos entrenados en la SOA durante este período de tiempo, estaban siendo entrenados en estrategias de anti-narcóticos, después de que comenzó la rebelión Zapatista de 1994, la mayor parte de los soldados mexicanos entrenados en la SOA fueron entrenados específicamente en operaciones psicológicas, que incluyen tácticas de contra-insurgencia y la creación de organizaciones paramilitares.
Otros famosos egresados mexicanos de la SOA, hoy son de hecho miembros de los carteles de narcóticos que están sometiendo a México. 31 ex soldados de una división de élite del ejército mexicano – la Fuerza Grupo Especial Aéro Móvil – abandonaron sus cargos oficiales y se convirtieron en el brazo de seguridad del Cártel del Golfo, sólo para luego desprenderse y crear el cártel más violento de la historia mexicana, los Zetas. Los desertores del ejercito mexicano que se volvieron sicarios no se limitaron al cártel de los Zetas, sino que también se involucraron en el propio cártel de Michoacán, los Caballeros Templarios. De alguna manera, el jefe de seguridad en Michoacán ahora es un general militar entrenado en la misma institución que algunos de los sicarios más peligrosos del cartel de los Caballeros Templarios.
El uso de organizaciones paramilitares ha sido una estrategia de firma utilizada por egresados de las SOA en latino america. El hecho de que un egresado de la SOA esté ahora a cargo de la seguridad de Michoacán es alarmante. Esto sólo se suma a la creciente evidencia de que efectivamente existe una estrategia de contra-insurgencia de Estados Unidos en México, que busca asegurar intereses políticos y económicos en México.
A través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los políticos, los bancos y las transnacionales han estado imponiendo una estrategia de economía política militar, desde 1992, que ha incluido la privatización de las telecomunicaciones, el transporte, la educación, la salud, la energía, y por supuesto, la tierra y los recursos naturales. Las comunidades indígenas de todo México han organizado y resistido contra la privatización de sus tierras de propiedad comunal. En respuesta a una estrategia de privatización de la tierra en gran parte fracasada, el gobierno mexicano con la ayuda del gobierno de Estados Unidos ha empleado cada vez más una estrategia militar de defensa interna y el paramilitarismo. Hoy en día, la cultura del paramilitarismo impregna todos los ámbitos de la sociedad mexicana, no sólo las comunidades indígenas. Por cada grupo social que intenta resistir y organizarse en contra de las imposiciones militares, políticas y económicas del neoliberalismo, existe una contraparte paramilitar lista para actuar como provocador, grupo de choque, o incluso escuadrón de la muerte con el fin de descarrilar los esfuerzos para la organización de algún cambio social a través de la amenaza de la violencia y el uso de la fuerza bruta.
Podemos reconocer el paramilitarismo a través de los siguientes criterios:
1) Que la organización paramilitar esté conformada por civiles con un punto de vista opuesto al que mantiene el movimiento social-civil ya sea cultural, social, laboral, geográfico, religioso o político.
2) Que la organización paramilitar esté financiada y entrenada por una entidad oficial como los militares, policías u otra entidad de gobierno, transnacionales, bancos o caciques locales.
3) Que la organización paramilitar lleve a cabo actos de violencia y brutalidad como la estrategia primaria para así tomar control del territorio y los recursos naturales.
4) Que la organización paramilitar funcione con completa impunidad de ser procesados por alguna entidad de gobierno oficial.
5) Que los actos de violencia llevados a cabo por la organización paramilitar funcionen como “atrocidades negables” para que el estado, transnacionales, bancos o el gobierno oficial puedan negar responsabilidad o complicidad y alegar disputas civiles internas y, por consiguiente, justificar más intervenciones policiales o militares en una región dada.
Todo el propósito del paramilitarismo es dividir y conquistar de manera disfrazada para luego justificar la militarización oficial y lograr el fin último, controlar los territorios y sus recursos naturales. Los casos más relevantes de paramilitarismo en México pueden ser encontrados en las disputas por el terreno contra comunidades indígenas, en particular en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Profundos análisis e investigaciones han revelado el alcance de esta estrategia utilizada para debilitar las luchas indígenas en defensa de la autonomía de la tierra y la autodeterminación en estos estados. Ya no queda duda de que se está utilizando una estrategia de guerra de baja intensidad en estas regiones.
Cuando se trata de estados como Michoacán de alguna manera los medios masivos de comunicación, la academia, y muchos activistas solidarios han ignorado las tendencias del crimen organizado hacia el paramilitarismo. La gente en Michoacán ha tenido que luchar para sobrevivir y prevalecer en las puertas de un enfrentamiento violento entre tres diferentes carteles, La Familia Michoacana, los Zetas y ahora los Caballeros Templarios. Michoacán es conocido en el mundo por el tráfico y cultivo de marihuana pero, con una creciente tendencia hacia la descriminalización y legalización de la marihuana en Estados Unidos, hoy los Caballeros Templarios se han tenido que diversificar en la producción de metanfetaminas. En un mercado globalizado de mano de obra barata, tierra, y recursos naturales los carteles de México también se han diversificado a una industria mucho más lucrativa : el uso de la violencia como herramienta de coerción para obtener el control territorial. Hoy el cartel de los Caballeros Templarios continúa cosechando terror con la precisión de un escuadrón de muerte militar mientras mantiene una operación de contrabando de drogas internacional. Sin embargo, el cartel también ha comenzado de manera silenciosa a asumir la seguridad de los territorios donde transnacionales, bancos y oligarquías políticas pretenden extraer ilegalmente los recursos naturales.
Si aplicamos los cinco criterios anteriormente mencionados que constituyen a una organización paramilitar, lo que vemos es a cárteles con un nivel de paramilitarismo profesional que ya ha sobrepasado a las clásicas formas de paramilitarismo, en donde el ejercicio del control territorial es absoluto. Además del tráfico de narcóticos, secuestros, tortura, coerción, el cobro de piso, violaciones, asesinatos, trafico de órganos, canibalismo, y la muestra pública de mutilaciones, el cártel de los Caballeros Templarios de Michoacán ha tomado control de industrias legítimas completas, tales como el cultivo del aguacate, el limón y operaciones mineras. En otros casos, tales como en las comunidades de Cherán y Ostula el cártel proveia de seguridad armada para la tala ilegal de bosques. Esta es la verdadera cara del narco-paramilitarismo en México hoy.
Hoy las ganancias del crimen organizado siguen llegando a las instituciones bancarias transnacionales como capital de inversión lavado y legítimo. En México, los carteles del narco están simplemente emulando la economía política militar neoliberal, que condona y exacerba la violencia como el principal medio para alcanzar el poder y el control social, sicológico, y territorial. No es sorprendiente que los principales cárteles del crimen organizado han subido al poder y el control de territorios enteros de México y los EE.UU. En México, el neoliberalismo es una economía política narco-paramilitar que tiene en blanco al pueblo mexicano como su enemigo principal.