Viernes, 21 de agosto, México DF. Las canciones, fotos y mensajes del acto político-cultural ante la Suprema Corte de la Nación llaman la atención de unos paseantes. Una señora pregunta:
-¿Pero por qué protestan? ¿No es que acaban de hacer justicia en el caso de Acteal?
-No señora. Cuando la Suprema Corte soltó a 20 de los asesinos bien identificados hace 8 días, esto puso en grave peligro las vidas de los indígenas pacifistas de “Las Abejas”. Y los que prepararon el crimen nunca han pisado la cárcel. Ellos asesinaron a un bebé, 14 niños, 21 mujeres y 9 hombres a sangre fría. ¿Esto se llama justicia? ¿Usted qué opina?
El mitin se celebra el mismo día que sale una nota en la prensa internacional sobre el apoyo brindado por el ejército mexicano a los “grupos armados anti-zapatistas” en los días de la matanza de Acteal.
Un compañero de La Otra Cultura hace uso del megáfono:
“Vean ustedes estos símbolos. Las cajas chiquitas blancas significan los niños masacrados, los inocentes. Ahí están los adultos representados por las cajas negras. Mientras rezaban, 45 compañeros indígenas tzotiles fueron masacrados. Vean las caras de los responsables en las fotografías de arriba”.
“Vean ustedes como buscamos llamar la atención de todos ustedes que también están agobiados por la crisis, que no les alcanza para mantener a sus hijos. Ahí vemos como tenemos que estar con el jesús en la boca porque no podemos pagar la renta, porque no podemos pagar nuestras deudas. Esta crisis, las únicas que no la viven son los de arriba, son los ricos, son los Carlos Slim, son los que están acaparando toda la riqueza que nosotros producimos. Ahí vemos como muchos se creen exitosos y creen que son de la jai sosaí, creen que están más allá del bien y del mal. Pero no es cierto”.
“Vean esa foto a la derecha. Ese individuo que se llama Aguilar Camín defiende a los asesinos materiales. Ese desgraciado aparece en la televisión presumiendo de gran intelectual, de persona analítica, investigadora, pero en realidad no es más que un lacayo. El único que hace es tratar de justificar con su palabrería la masacre que se cometió en Acteal. Quiere hacernos creer que los hombres encarcelados son inocentes y que la Suprema Corte hizo justicia cuando soltó a 20 de ellos. Vean su cara. Vean las caras de los demás para que no las olviden, para que las recuerden”.
A finales del 2006, Hector Aguilar Camín, Ricardo Raphael de la Madrid, la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la agrupación política nacional Alternativa Ciudadana 21, “se encargaron de la defensa legal y mediática de varios paramilitares enjuiciados como responsables materiales del multihomicidio de 45 indígenas tzotziles de la sociedad civil Las Abejas”, dice Carlos Fazio en su artículo “La subversión de la historia”. (La Jornada, 31 diciembre 2007)
El CIDE, organismo público dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destinó 551 mil 560 pesos a la defensa de los inculpados. “Del total de recursos, el CIDE aportó 239 mil 679.86 pesos de sus fondos, lo que representa 43.4 por ciento del monto; mientras que la Hewlett Foundation entregó 266 mil 880.16 pesos, es decir, 48.3
45 mil pesos, 8.6 por ciento de los gastos”. (La Jornada, 19 agosto 2009
Toma la palabra una compañera de la Brigada Callejera: “Usan nuestros impuestos para defender a los que hicieron la matanza. Dicen que Acteal fue un conflicto entre pueblos o un conflicto religioso, pero fue un crimen de estado”.
Parte del texto “Recordar Acteal”, por Carlos Montemayor es leído por un compañero del Sector Obrero de la Otra Campaña:
“A las 10:30 de la mañana se encontraban de rodillas, rezando, en la ermita de Acteal, cuando comenzaron a oír disparos. Se aproximó al lugar el contingente agresor que portaba armas de alto calibre, uniformes color negro y pasamontañas. Eran individuos de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal, que se habían transportado en camiones de los conocidos como de tres toneladas. Comenzaron a disparar, a mansalva, por la espalda, contra los desplazados que rezaban; al huir, la gente iba cayendo en el camino y en la barranca. Durante seis horas el contingente paramilitar disparó y ultimó a varias decenas de víctimas”. (La Jornada, 17 diciembre, 2007)
Los cómplices retratados en la barda frente a la Suprema Corte son unos de los individuos principales que promovieron la contrainsurgencia y la formación de los grupos paramilitares en Chiapas, ordenaron el crimen o no hicieron nada para detenerlo, cubrieron los crímenes y siguen con el encubrimiento, explica un compañero de La’k Hormiga. Son el presidente Ernesto Zedillo, el gobernador de Chiapas José Ruiz Ferro y su sucesor Roberto “Croquetas” Albores Guillen; el Secretario de Gobernación Emilio Chuayffett y su sucesor Francisco Labastida Ochoa; el General de la Séptima Región Mario Renán Castillo; el Procurador de la República Jorge Madrazo Cuellar; la jefa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Mireille Roccatti; los supuestos negociadores para la paz Marco Antonio Bernal y Gustavo Iruegas; el doctor Juan Ramón de la Fuente, y Hector Aguilar Camín.
Faltan varios. El comandante de la Dirección General de Seguridad Pública del estado Felipe Vázquez Espinoza. El secretario de gobierno del estado de Chiapas Homero Tovilla Cristiani. El subsecretario de gobierno Uriel Jarquín Gálvez, para empezar.
En un comunicado del 4 de enero de 1998, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional dice: “Según comunicaciones radiotelefónicas interceptadas por el EZLN, la Secretaría de Gobierno de Chiapas está dando órdenes a sus sicarios en los Altos de Chiapas para que se escondan en un lugar seguro. Se les dice que entierren las armas y esperen ‘que pase el problema’ para regresar ‘a su trabajo’. ‘Hay que dejar que se cansen y se calmen las protestas’, dijo la voz (mestiza) que dio las indicaciones al cabildo priísta de Chenalhó. La comunicación interceptada proviene del teléfono 8-48-33 y se dice que pertenece a la delegación en San Cristóbal del gobierno de Chiapas. Tercero. El señor Uriel Jarquín (subsecretario de Gobierno de Chiapas) arregló todo en el Congreso Legislativo de Chiapas para que la presidencia municipal oficialista de Chenalhó fuera ocupada por uno de sus incondicionales. De esta manera quieren asegurar un secreto absoluto sobre lo que verdaderamente ocurrió en Acteal. El señor Jarquín se comunicó al ayuntamiento priísta de Chenalhó para dictarles el nombre de quien debía ser nombrado como sustituto de Jacinto Arias Pérez. ‘Será Antonio Gómez, dile a los del cabildo que así dice Uriel Jarquín, que obedezcan’. Las comunicaciones insisten mucho en mantener completamente seguros a los señores Manuel Hernández Pérez y Victorio Cruz Velázquez, así como al Juez y al Tesorero del cabildo priísta de Chenalhó, porque ‘saben mucho’ de lo ocurrido y no deben dejarse agarrar”.
Para los manifestantes, está claro que la matanza de Acteal fue parte de una estrategia de contrainsurgencia más amplia en Chiapas. Cabe señalar que inmediatamente después de la matanza, el Ejército federal hizo cateos y saqueos en más de 30 comunidades zapatistas en Chiapas.
Canta una compañera se La Otra Cultura y dice: “Siguen en lo mismo. Denunciamos a todos esos cretinos ––los grupos armados, el ejército, el gobernador Sabines de Chiapas. Estamos viendo por nuestros hermanos y hermanas indígenas. Les quitan el derecho a la vida por vender a las transnacionales sus tierras. Son una bola de ladrones. Y la única esperanza es que nos organicemos contra esos rufianes”.
También está claro que la estrategia no sólo corresponde a los intereses del poder en México, sino a los intereses de Washington.
Según el investigador Darin Wood, el General de la Séptima Región Mario Renán Castillo fue entrenado en la Escuela de Guerra del Fuerte Bragg, Carolina del Norte, “también la sede del séptimo Grupo de Fuerzas Especiales, los boinas verdes encargados de actuar en América Latina”. Wood menciona que se editó en el Fuerte Bragg para las Fuerzas Especiales “el Manual de campo 31-20-3: defensa interna extranjera, tácticas, técnicas y procedimientos para fuerzas especiales, con fecha de publicación 20 de septiembre de 1994. El manual contiene un anexo de 19 páginas acerca de cómo formar paramilitares, o «fuerzas de autodefensa civil», en acciones de contrainsurgencia”. (La Jornada, 2 noviembre, 2002)
En el mismo artículo Wood señala que el general de brigada José Rubén Rivas Peña, por otro lado, recibió su entrenamiento en la Escuela de las Américas, establecida en Panamá en 1946, y luego trasladada al Fuerte Benning, Georgia en 1984. (La escuela ahora se llama el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad.) Otros militares mexicanos entrenados ahí incluyen el general Juan López Ortiz, encargado de combatir al EZLN en Ocosingo, en enero de 1994; el general Gastón Menchaca Arias, comandante de la 31 Zona Militar en Rancho Nuevo, Chiapas; el general Miguel Leyva García al mando del 83 Batallón de Infantería de la misma Zona Militar; el general Harold H. Rabling, especialista en operaciones de guerra irregular; el general de brigada Carmelo Terón Montero especialista en inteligencia militar; el general José Luis López Ruvalcaba, comandante de la Base de Operaciones Mixtas de la Séptima Región Militar en Chiapas; y general Enrique Alonso Garrido, comandante de la Batallón de Infantería 83 en Rancho Nuevo en 1994.
El texto de Montemayor leído en el mitin se refiere a un documento militar revelado por el periodista Carlos Marín en la revista Proceso el 5 de enero de 1998 elaborado durante el régimen de Ernesto Zedillo en 1994. La primera parte es un estudio diagnóstico firmado por el general de brigada José Rubén Rivas Peña; la segunda, un análisis de “los contingentes, localización y opciones militares y políticas del EZLN” y la tercera, un “plan de guerra del Ejército en Chiapas”. Un apartado sobre el “Asesoramiento para grupos paramilitares…describe actividades del Ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa y otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo… En caso de no existir fuerzas de autodefensa civil, es necesario crearlas”.
(La Jornada, 17 diciembre, 2002)
La estrategia de contrainsurgencia se confirma en el informe de Kate Doyle del Archivo de Seguridad Nacional en Washington sobre los documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos. Dice Doyle que estos documentos contradicen el Libro Blanco preparado por el procurador general Jorge Madrazo en 1998, en el cual el gobierno afirma que “la Procuraduría de la República ha documentado la existencia de grupos civiles armados en el municipio de Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación, entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatistas.” (pág. 32, énfasis agregado).
“En un telegrama enviado a la sede de la DIA en Washington el 4 de mayo de 1999, la Oficina del Agregado de Defensa de Estados Unidos en México señala el ‘apoyo directo’ del Ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas. El documento describe una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia’ creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia sobre los ‘simpatizantes’ zapatistas. A fin de promover a los grupos armados anti zapatistas, los equipos daban ‘entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región’”.
“La información fue compilada por los representantes de la agencia en México, funcionarios del agregado de defensa cuya tarea principal es recabar inteligencia sobre las fuerzas armadas mexicanas y enviarla a la sede en Washington para su análisis. Este análisis es utilizado luego por el gobierno a fin de ayudar a elaborar políticas de seguridad nacional en México. La agencia es los ojos y oídos del secretario de defensa de EU en el exterior: piense en ella como en la CIA del Pentágono”.
“Así, la “lógica interna” resulta ser de la Sedena, en la forma de una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica —frecuentemente anunciados por la Secretaría de Defensa en declaraciones a la prensa— con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB283/index2.htm
La compañera de la Brigada Callejera habla de nuevo: “¿Quién mandó a matar a nuestros compañeros? El orden vino desde muy arriba. A los responsables, les dan premios. ¿Cual es el mensaje? Que los indígenas, que nosotros de abajo no valemos nada, que nos pueden matar, nos pueden violar, nos pueden hacer lo que quieran. Pero la frente la tenemos muy alto y no somos pendejos. Estudiamos. Como ellos hacen la globalización, también hacemos la globalización para defendernos”.
por carolina
