Mientras, la organización indígena local continúa
Por Nancy Davies
Comentario desde Oaxaca
The Narco News Bulletin
2 de deciembre 2009
A tan solo horas del encuentro entre activistas indígenas de San Salvador Atenco del estado de México, Chiapas, y Oaxaca, la represión del gobierno llegó a San José del Progreso, así como la muerte llegó a San Juan Copala. San José del Progreso es el lugar donde se ubica la mina La Trinidad, propiedad de la minera trasnacional Fortuna; Copala es el municipio que declaró su autonomía en el momento más álgido de la lucha en 2006.
Los pueblos de Oaxaca y organizaciones sociales, incluyendo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, decidieron unirse a las fuerzas para impedir la construcción de presas, proyectos de generación de energía eólica, de carreteras, y mineras en territorios indígenas. Durante una reunión que tuvo lugar el 29 de noviembre en Zaachila, Oaxaca, Adán López Santiago dijo que: “Es necesario luchar unidos pues de lo contrario nos avasallará el neoliberalismo”. López Santiago es representante del Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio, que convocó a delegados unidos en contra de los parques eólicos en el Istmo, así como a delegados de los Pueblos en Defensa del Río Verde que se oponen a la construcción de una presa hidroeléctrica llamada Paso de la Reina. La presa afectará 3,100 hectáreas de seis municipios.
El encuentro demandó el respeto absoluto a la autodeterminación de los pueblos indígenas, e incluyó también un llamado a rechazar la venta de sus tierras o permitir que sean expropiadas. Se ha puesto en marcha un movimiento nacional en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales en contra de la postura de varios gobiernos.
El mismo día un convoy de la Policía Estatal Preventiva (PEP) entró a San José del Progreso en la región de Ocotlán. La población inmediatamente rodeó a los policías, y demandó la remoción del presidente municipal Oscar Venancio Martínez Rivera, por haber conspirado en acuerdo con funcionarios estatales. La PEP, que arribó a las 10 p.m., afirmó haber recibido una llamada anónima por un ataque a la mina La Trinidad. Bernardo Vásquez Sánchez, del grupo en contra de la mina, telefoneó inmediatamente al subsecretario de Gobierno de Oaxaca para negar que cualquier ataque haya sido perpetrado por los habitantes de San José. El gobierno del estado había tenido un acuerdo anterior con la PEP para no entrar al pueblo. Vásquez Sánchez, recordó al subsecretario que la mina se encuentra a dos kilómetros del pueblo que ahora rodeaba a la policía.
El mismo domingo 29 a las 8:45 p.m., José Ramírez Flores presidente de San Juan Copala; Severo Sánchez González el alcalde; y Macario García Merino, secretario, emitieron un llamado urgente de solidaridad: “La agresión se da en el marco de las actividades de un acto de solidaridad con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. En los últimos meses las agresiones en contra del municipio autónomo se han dado de una manera sistemática”, comienza el boletín.
La historia se desarrolla luego de que a los representantes del FPDT de Atenco se les impidió la entrada al pueblo de San Juan Copala para un encuentro. El FPDT visitó doce estados en honor a cada uno de sus presos políticos.El grupo Unidad de Bienestar Social para la Región Triqui (UBISORT), organización ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y muy cercana al gobernador Ulises Ruíz Ortíz (URO), el presidente príista Jorge Franco Vargas y Pepe Mejía, rechazaron la entrada de la delegación atenquense. En cambio, las autoridades del pueblo declararon que URO, Franco Vargas y Mejía serían señalados como responsables por cualquier confrontación, debido a su previa colusión con el intento sin éxito de asesinar al presidente municipal José Ramírez Flores y al secretario Timoteo Alejandro Ramírez el pasado 1 de noviembre. Aquella vez, el culpable detenido confesó ser miembro de la UBISORT y de haber recibido MX$250,000 por matar a ambos hombres; también admitió haber recibido un salario mensual de la UBISORT de MX$1,000 para desestabilizar al municipio autónomo.
La misma tarde del domingo 29, los paramilitares príistas de la UBISORT y del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui-Partido Unidad Popular (MULT-UP) atacaron el municipio de San Juan Copala. El ataque resultó en la muerte de un niño, dejando heridos a otros tres. Es posible que haya habido también miembros pagados por el PRI del bloque independiente Triqui (MULTI),el cual fue fundado como una organización antipríista en 1995.
Los atacantes bloqueron el camino que lleva al pueblo para impedir la entrada del FPDT, que pretendía participar en un encuentro con el municipio autónomo. Jorge Albino Ortiz, vocero de las autoridades de San Juan Copala, escribió en el mensaje que grupos paramilitares del MULT se encontraban en los cerros circundantes mirando hacia el pueblo, mientras la UBISORT se encargaba del camino de entrada al pueblo. Desde las alturas, los paramilitares dipararon sus armas de alto calibre en dos ocasiones, una a las 3 p.m. y otra a las 6 de la tarde. Cuando el tiroteo comenzó, Albino Ortíz continúa, los pistoleros de la UBISORT se unieron al ataque, apuntando al final del camino donde se encuentra la guardería infantil. Un niño de la guardería, Elías Fernández de Jesús murió en el ataque; tres de sus compañeros fueron heridos.
Los partidarios del MULTI de otras comunidades y pueblos se movilizaron hacia San Juan Copala para reforzar al municipio autónomo, presidido por José Ramírez Flores. Los partidarios del MULTI pudieron evitar una agresión posterior.
Ramírez Flores, cuyos llamados urgentes fueron recibidos el 30 de noviembre, acusaron a la alianza UBISORT y MULT-PUP de haber sido “coordinadas desde las altas esferas del gobierno estatal” para destruir la autonomía municipal. “No es una alianza de ahora sino de hace años, y no consideramos que sea todo el MULT-UP, sino principalmente sus dirigentes.” San Juan Copala, fundado durante el movimiento social de 2006, ha exigido al gobierno en repetidas ocasiones que cese en sus ataques contra el municipio a través de sus organizaciones títeres.
El director de la UBISORT, Rufino Juárez Hernández, dijo que la organización bloqueó el camino para impedir la entrada de la comisión de Atenco debido que no deben de inmiscuirse en el conflicto político de la zona Triqui.
“¿Qué tienen que ver Atenco y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en San Juan Copala? Son extraños. Nosotros, los triquis, nos conocemos en cultura y tradiciones. Todos los demás son bichos raros,” son las palabras de Juárez Hernández citado en Las Noticias. Al mismo tiempo en otro medio de prensa, otro líder de la UBISORT, Antonio García Cruz “desconoció a José Ramírez Flores como alcalde y puso en su lugar a Anastasio Juárez Hernández, hermano de Rufino.”
La región Triqui está abandonada por el gobierno. Las muertes por el conflicto y la venganza parecen ser interminables. MULT insiste en que el gobierno no ha querido intervenir en el área de injusticia y violencia lo que provocó la muerte de 350 personas en los últimos tres años, incluyendo el asesinato de dos jóvenes conductoras de radio. De acuerdo con trabajadores de derechos humanos, el descuido del gobierno incluye una falta de tranquilidad en la zona, falta de caminos pavimentados, falta de drenaje y de agua potable. El área está altamente marginada. Debido a que los pueblos no tienen escuelas, los niños viven en escuelas “albergues” durante la semana escolar.
Históricamente los pueblos Triqui son parte del pueblo Mixteco, pero se separaron entre tres grupos distintos. El Municipio Autónomo de San Juan Copala es legalmente parte de la región gobernada por la PUP. Es de ahí de donde la UBISORT ha recibido dinero para atacar a la autonomía municipal, que en los términos de poder y control estatal no puede tolerarse. Los ataques en contra del municipio datan desde la solidaridad del municipio con la lucha de otros compañeros, tales como los Zapotecos de Loxicha, la Policía Comunitaria en Guerrero, y la represión en San Salvador Atenco.
El pronunciamiento público de las autoridades municipales finaliza así: “Al denunciar estos hechos ante la opinión pública refrendamos nuestro derecho a seguir con nuestro proyecto de autonomía y a solidarizarnos con nuestros compañeros en lucha. Exigimos al gobierno del estado que deje de agredir a través de sus organizaciones títeres.”
Traducción del inglés por Fernando León
la fuente: http://www.narconews.com/Issue62/articulo3958.html
