GINEBRA (12 de mayo de 2010) – Un grupo de expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas* advirtió sobre el deterioro de la situación para los defensores de los derechos humanos en México y condenó firmemente los recientes asesinatos de la defensora de los derechos humanos Beatriz Alberta (Bety) Cariño Trujillo y del observador internacional Tyri Antero Jaakkola, en Oaxaca, sureste de México.
“Los defensores continúan haciendo frente a graves amenazas contra sus vidas en México como consecuencia de su trabajo”, dijo Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. “Estamos profundamente preocupados por el deterioro de la situación de los defensores de los derechos humanos en México, incluidas las mujeres y los defensores que trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas”.
El 27 de abril de 2010, Bety Cariño y Tyri Antero Jaakkola formaban parte de una misión de observación de los derechos humanos en Oaxaca cuando sufrieron una emboscada por parte de los paramilitares y fueron asesinados. Otros defensores de los derechos humanos y de periodistas sufrieron heridas. Cuatro miembros de la misión, incluidos dos periodistas de la revista “Contralínea”, pasaron dos días en la selva tras el ataque antes de ser rescatados por la policía el 30 de abril.
“La situación en México es extremadamente compleja y nadie puede poner en duda la gravedad de los desafíos a los que se enfrenta el Gobierno en su lucha contra los cárteles de las drogas”, añadió Philip Alston, Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias. “Pero no hay justificación para no tomar las medidas necesarias cuando defensores de los derechos humanos, periodistas u otros son asesinados. No se debe permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen.”
“El incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en la comunidad de San Juan Copala durante los últimos meses está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad indígena triqui”, señaló con preocupación el Relator Especial sobre libertades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya.
Por su parte, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, exhortó a las autoridades mexicanas a proteger el derecho a la vida y a garantizar libertad de opinión y de expresión, tal y como se contempla en los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “El papel de los periodistas es crucial tanto en el fortalecimiento de los derechos humanos como en el disfrute de todos los derechos por parte de todas las personas”.
El grupo de Expertos de la ONU hizo un llamamiento al Gobierno mexicano “a tomar las medidas que sean necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca como consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades.”
“Exhortamos a las autoridades a iniciar una investigación pronta e imparcial sobre los hechos mencionados con el fin de que los culpables sean identificados, puestos a disposición judicial y se impongan penas adecuadas. La comunidad internacional seguirá de cerca la respuesta del Gobierno mexicano en relación a estos hechos.”
Margaret Sekaggya había conocido a Bety Cariño en Febrero de 2010 durante la Quinta Plataforma de Dublín, una reunión de más de 100 defensores de los derechos humanos de todo el mundo. La Sra. Sekaggya elogió a la defensora por su trabajo incansable en favor de los derechos de los indígenas, las mujeres y el medio ambiente. Bety Cariño era Directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS).
(*): Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Philip Alston, Relator Especial sobre las ejecuciones sumarias, extrajudiciales o arbitrarias; James Anaya, Relator Especial sobre libertades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas; y Frank la Rue, Relator Especial sobre la promoción y la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
