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Con una ceremonia sagrada, las autoridades del Consejo Supremo Indígena de Xochicuautla iniciaron una marcha desde la Estela de Luz hasta la Secretaría de Gobernación en el Distrito Federal el martes 28 de julio. Ahí los manifestantes exigieron la derogación de un decreto expropiatorio de las tierras ancestrales de las comunidades otomí-ñathó de Xochicuautla en el Estado de México y un alto a la guerra contra la comunidad nahua de Santa María Ostula en Michoacán.
Los manifestantes también exigieron la libertad inmediata de Cemeí Verdía ––Comandante de la Policía Comunitaria de Ostula y Coordinador de las Auto-Defensas de Aquila, Coahuayana y Chiniquila, Michoacán–– y castigo a los responsables del asesinato en Santa María Ostula de Hidelberto Reyes, de 12 años.
En un operativo realizado por un comando conjunto de más de 1000 elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía Federal arrojaron gases lacrimógenos y abrieron fuego contra la población, asesinando al niño Hidelberto e hiriendo a la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años, y otras 9 personas, el pasado 19 de julio. Estos videos tomados por los pobladores de Ostula y recopilados por la Agencia SubVersiones, contradicen las versiones del gobierno sobre lo que pasó ahí ese día.
Este último ataque contra Ostula es otra represalia más contra un pueblo con el valor de haber recuperado más de mil hectáreas de tierras nahuas en el paraje de Xayakalan el 29 de junio de 2009, y organizado su policía comunitaria para protegerse de la violencia del crimen organizado y/o del Estado.
Durante la marcha en el Distrito Federal, oradores denunciaron la tremenda escalada en el despojo de los pueblos indígenas de México y en los intentos del Estado de someter a los que resisten estos abusos.
El pasado 9 de junio, Enrique Peña Nieto firmó el decreto expropiatorio de casi 40 hectáreas de tierras de uso común en el bosque otomí de Xochicuautla. Según los planes del gobierno e industria privada, sus bosques y aguas serán sacrificados para la construcción del proyecto Autopista Toluca-Naucalpan a cargo de la empresa Grupo Higa, un proyecto que los comuneros han resistido durante ocho años. Xochicuautla ha vivido la destrucción de árboles, plantas y animales; la introducción de maquinaria pesada; la invasión de escuadrones de policías; y la detención de decenas de comuneros. Cabe señalar que la destrucción del bosque de Xochicuautla también significa el saqueo del agua de los manantiales y ríos subterráneos que se encuentran ahí y que abastecen del líquido vital a toda la región y hasta el Distrito Federal. Esto no va a pasar, dice Xochicuautla, mientras la resitencia sigue.
También participaron en la marcha jóvenes de Huitzizilapan. En sus comunidades cerca de Xochicuautla en el Municipio Lerma, resisten la extensión de la misma autopista Toluca- Naucalpan construido por el Grupo Higa. En su caso luchan para echar abajo un decreto expropiatorio para 6 hectáreas adicionales firmado por Peña Nieto en mayo del 2014. Durante el año pasado miles de granaderos han invadido sus comunidades para imponer asambleas espurias para cambiar el uso del suelo de comunal a privado. Las comunidades se han movilizado con éxito para bloquear estas maniobras cuatro veces y juran que el decreto ejecutivo se va a derrocar.
Un contingente de San Pedro Tlanixco del municipio Tenango del Valle, estado de Mexico, también marchó en el Distrito Federal. Debido a su defensa del agua y bisques de Tlanisco, fueron tachado de “pueblo terrorista” por el gobierno terrorista del estado a principios de la última década. Desde el 2003 los pobladores buscan la libertad de seis presos políticos y dos perseguidos, acusados del homicidio de agente de negocios que murió por accidente en su pueblo. En realidad están castigados por resistir el saqueo de sus manantiales por las voraces empresas florícolas ligadas con el ex gobernador Arturo Montiel. Los presos son Pedro Sánchez Berriozábal , Teófilo Pérez Gonzales, Rómulo Áreas Mireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González, y la señora Dominga González Martínez. Los compañeros perseguidos son Santos Alejandro Álvarez Zetina y Rey Pérez Martínez.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco también marchó en solidaridad con Xochicuautla y Ostula en el Distrito Federa. Ellos también están bajo ataque de nuevo. Después de haber derrotado los planes para construir un aeropuerto internacional en sus tierras en el 2001, el gobierno de Peña Nieto ha renovado y amplificado estos planes que amenazan la existencia de Atenco y otros pueblos alrededor. El FPDT llama a todo el pueblo de México a unirse para construir una resistencia eficaz.
En el transcurso de la marcha se anunció que Cemeí Verdía fue liberado cuando un juez federal no encontró pruebas suficientes de la portación de armas de uso exclusivo del ejército para mantenerlo en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit. Sin embargo, al salir del penal fue re-aprehendido bajo dos falsas acusaciones de fuero común y trasladado al Penal de Mil Cumbres en Morelia donde está ilegalmente privado de su libertad.
Varios de los grupos presentes en la marcha se habían reunido en un encuentro con los familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa el 19-20 de julio en el Estado de México. Siguen organizándose y planeando más movilizaciones contra el saqueo de sus recursos y la guerra contra los pueblos. El sábado 8 de marzo habrá una rodada y caravana motorizada en defensa del Territorio Otomí #XochicuautlaNoEstaSolo. La salida será del Museo de Antropología en el DF “frente a Tlaloc” a las 8 am.
