Paramilitarismo impune, de Acteal a Copala. Las pruebas existen, videos, fotos y testimonios prueban las acciones de la Caravana de la Muerte, sin embargo en todos los casos, la impunidad prevalece.
Por Daniel Arellano Chávez, Neri Martinez Hernandez y Ricardo Trujillo Gonzalez
8 de deciembre de 2010
Acteal: Masacre Paramilitar
El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenaló, un grupo paramilitar fuertemente armado asesinó a 45 personas que se encontraban orando en un templo de su comunidad.
Al más puro estilo kaibil, los paramilitares ejecutaron esta acción ante la complacencia de autoridades que sólo se limitaron a ver cómo se desarrollaban los hechos, haciendo sólo declaraciones que los deslindaba de responsabilidades.
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A partir de ese momento, la única versión posible fue que se trató de un ajuste de cuentas por motivos intercomunitarios. Pasados los días, el presidente de la República, el gobernador del Estado y la Procuraduría General de la República guardaron silencio, limitándose a decir que investigarían el caso hasta dar con los responsables de la masacre. Con esas declaraciones inauguraron una de las etapas de militarización más intensa que se haya conocido hasta entonces: desplegando poco más de 40 mil militares en la zona de influencia zapatista; con el propósito, dijeron, de aplicar mediante retenes «la ley federal de armas de fuego y explosivos» a efectos de desarmar a los grupos antagónicos y terminar la guerra de pobres contra pobres como señaló el entonces secretario de Gobernación Francisco Labastida.
En el fondo, se empezó a coordinar una fase más de la guerra contrainsurgente con los soldados, haciendo la ya conocida labor social, lavando la imagen del ejercito, y, según consta en los ejercicios contrainsurgentes, conociendo a la retaguardia de la guerrilla, el agua del pez. Y es que, de acuerdo con una entrevista al ex-presidente Ernesto Zedillo, en el diario The New York Times, el Estado Mexicano había sido «demasiado suave, y creo que los dramáticos sucesos de diciembre demuestran que eso ya no es conveniente…». [1] Por lo que tal declaración era ya una aceptación de una guerra de exterminio en franco ascenso.
Durante 2009, los indígenas sobrevivientes de la Masacre de Acteal emprendieron una campaña de difusión que estaba encaminada a exigir que los asesinos de sus familiares no fueran liberados. Testimonios desgarradores de dolor y llanto presagiaban lo que hoy es una realidad: los asesinos han sido absueltos. La incertidumbre y el temor invaden a los sobrevivientes. «Las abejas» lloran ante la Corte que premia con la libertad a criminales y asesinos materiales. Mientras a quienes dieron las órdenes de ejecutar la matanza —el ex-presidente Ernesto Zedillo, los ex-secretarios de Gobernación Emilio Chuayffet, y de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes, y otros actores de los gobiernos federal y estatal— no se toma la molestia siquiera de mencionarlos.
Las balas asesinan indígenas en sus pueblos y comunidades, las resoluciones de la Corte les niegan la justicia, el desprecio del poder se burla de sus familias, la impunidad se hace enorme a cada momento, los asesinos obtienen su libertad, las victimas rompen en llanto, los muertos no pueden descansar en paz. De esta manera, el 12 de agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó liberar a decenas de los responsables de la Masacre de Acteal.
Acteal hace palpable la relación de paramilitares y las acciones del Ejército mexicano. En el Plan de Campaña Chiapas-94, emanado como directiva de la Secretaría de la Defensa Nacional, en dicho documento se insta a «Organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones» y, más adelante, en una clara alusión a grupos paramilitares,»Las operaciones militares incluyen el adiestramiento de fuerzas locales de autodefensa, para que participen en los programas de seguridad y desarrollo». Es importante destacar que en el momento de la masacre, la Base de Operación Mixta de la VII Región Militar se encontraba bajo las órdenes de un egresado de la Escuela de las Américas, el coronel José Luis López Ruvalcaba.
Entre las vertientes paramilitares generadas por el mismo Estado se encuentra un grupo con «alta capacidad de entrenamiento en operaciones de logística, armamento sofisticado y tecnología, con cursos especializados (despliegue rápido por aire, mar y tierra, francotiradores, rescate de rehenes, etcétera) en Estados Unidos, Israel y Egipto: los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFES), que habrían desertado del Ejército» [2], base bajo la cual se han constituido los Zetas, sicarios al servicio del cartel del Golfo.
Cabe señalar que un destacamento de los GAFES permanecía en Chiapas al momento de la masacre, dado que este grupo fue creado especialmente para someter el levantamiento en Chiapas.
Los responsables del surgimiento de paramilitares, no sólo han recibido entrenamiento en Estados Unidos; como lo demuestra el caso de Oaxaca; militares mexicanos reciben entrenamiento en otros países, tal es el caso de Guatemala y su preparación de Kaibiles.
Oaxaca 2006: la Caravana de la Muerte
Cae la noche en Oaxaca, a la par que las miles de barricadas se instalan por la población movilizada. El gobierno, como respuesta, envía a sus paramilitares a las calles; decenas de motos y camionetas, con logotipos oficiales y otras particulares, transportan a decenas de hombres armados, y ocultando sus rostros tras pasamontañas, circulan por las calles y mientras lo hacen disparan contra el pueblo que no tiene más arma que la dignidad. Desde agosto a noviembre de 2006, los paramilitares son usados para intentar detener la insurrección de Oaxaca. Actúan en coordinación con corporaciones policiacas estatales y federales.
Las acciones de grupos paramilitares en Oaxaca se incrementan tras el fallido desalojo contra los profesores de la Sección 22. Disparos en las noches contra los plantones, incendio de autobuses en puntos aislados de la ciudad como provocación, acciones realizadas por personajes identificables, porros al servicio de los grupos de poder al interior de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, conocidos como Marcos Mateo Esteva Cruz «Aladin», Alejandro Vázquez Núñez «El Perro», Ruben Marmolejo «El Dragón». por ejemplo, combinados con policías y miembros del ejército; «El Dragón» fue recientemente ejecutado junto a José María González Porras, «El Güero», a plena luz del día, en Santo Domingo el 29 de octubre de 2010.
Entre los asesinatos que permanecen impunes se encuentra el del arquitecto Lorenzo Sampablo Cervantes, quien fue asesinado por la Caravana de la Muerte la noche del 22 de agosto de 2006, cuando se dirigía a resguardar una de las radiodifusoras ocupadas por el pueblo de Oaxaca, Radio la Ley. En inmediaciones de esta radio él y otras personas del pueblo fueron tiroteadas por hombres armados a bordo de camionetas con logotipos oficiales y otros vehículos que no contaban con estos, de ello existen múltiples pruebas, en video y testimoniales; los funcionarios gubernamentales como Lizbeth Caña llamaron a esto «operativo de limpieza de vilidades, reconociendo que incluyó a por lo menos 150 policias ministeriales, 150 preventivos estatales y 100 de la policía municipal; ordenado por Lino Celaya Luria, Jorge Franco Vargas en coordinación con el Director de la Policía Ministerial Manuel Moreno Rivas y el coordinador de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito, Aristeo López Martínez todos bajo las órdenes del asesino Ulises Ruiz Ortiz.
A cuatro años de impunidad por este asesinato, la familia de Lorenzo Sampablo Cervantes sigue reivindicando la exigencia de justicia y el castigo a los culpables.
Víctimas de las acciones paramilitares y de los cuerpos represivos oficiales, mueren asesinadas en las calles, al menos 26 personas. Incluso existen pruebas fotográficas y en vídeo de la acción de la Caravana de la Muerte; sin embargo, las investigaciones jurídicas han tenido resultados nulos, tanto en el caso de los mandos que organizaron, ordenaron y ejecutaron estas acciones como de los ejecutores materiales de las mismas.
Tras la brutal represión ejecutada contra los pueblos de Oaxaca, en 2006, los diversos represores involucrados han tomado diversos caminos, que van, desde ascensos, cambios de jurisdicción, salida del estado, prófugos o la muerte. De los últimos, paradójicamente, sus homicidios permanecen sin resolver.
Alejandro Barrita Ortiz ex-jefe de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial (PABIC) y Aristeo López Martínez ex-coordinador de Seguridad de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, fueron ejecutados el 30 de enero de 2008 y el 23 de enero de 2009, respectivamente.
López Martínez, al ser ejecutado, se encontraba en funciones dentro del área de inteligencia de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI). Versiones periodísticas señalan que llegó a este puesto de la mano de Ardelio Vargas Fosado, jefe de operaciones de la PFP, en la invasión de Oaxaca en 2006.
Entre los jefes policíacos de 2006, sobresalen José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas, ambos están señalados por distintos delitos y su nombres resuenan en la actualidad en diversos medios.
Jose Manuel Vera Salinas, miembro de la Armada de México, con grado de teniente de navío , director de Seguridad Pública durante el sexenio de José Murat Casab, para después ser uno de los operadores de las Caravanas de la Muerte al servicio del asesino Ulises Ruiz en 2006; tras su silenciosa salida de Oaxaca, José Manuel Vera Salinas, reaparece en la península de Yucatán, ocupando el cargo de jefe de la Dirección General de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos (DGPPTyB) en Cancún Quintana Roo el 7 diciembre de 2007.
Para octubre de 2008 renunciaría a ese cargo, pero regresaría como Director de la Academia de Policía Municipal, para extender «sus enseñanzas» a los nuevos policías de Cancún.
A mediados de 2010, Vera Salinas fue señalado como el principal operador de una red de espionaje en Cancún. Tras ser localizados el 14 de abril de 2010, centros de espionaje donde se monitoreaban llamadas de teléfonos fijos y mensajes de celulares; en los domicilios ubicados en Supermanzana 57, manzana 6, lote 18, Privada Venezuela, Residencial las Américas, en Cancún, y en el departamento 401 del condominio Xcaret, ubicado en Supermanzana 20, manzana 1, lote 3, edificio B, retorno Jaleb, en la misma demarcación; ahí se encontraron diversos artefactos para la intervención de comunicaciones.
La PGR se incautó de 55 discos compactos y analizó el disco duro de una computadora, donde se encontraron 240 archivos de audio con 13 conversaciones telefónicas grabadas. También confiscó 12 grabadoras tipo pluma y un equipo que sirve para intervenir y monitorear conversaciones telefónicas y mensajes de texto. Además, los investigadores descubrieron una camioneta equipada con sistemas de intervención telefónica.
Antes de estos hechos había sido asesor del alcalde con licencia de Benito Juárez (Cancún) el perredista Gregorio Sánchez Martínez, preso en el Penal de Nayarit por presuntos nexos con el narcotráfico. De acuerdo con la averiguación PGR/QROO/CAN/193/2010, Vera Salinas contaba con 11 personas de la dirección de seguridad pública municipal para realizar labores de espionaje, al ser descubierto desapareció, aún no se sabe su paradero.
KA-951
Kaibil 951 es el número de Manuel Moreno Rivas, tras haber cumplido el «Curso de Adiestramiento y Operaciones» en el «Infierno», Guatemala, en 1994. En el año 2006, durante la insurrección de los pueblos de Oaxaca se encontraría como director de la Policía Ministerial.
Una de sus primeras apariciones públicas se dio en el falso atentado contra Murat Cassab, el 18 de marzo de 2004. Las posteriores investigaciones determinaron que lo que en realidad había sucedido era un autoatentado. En este hecho murió un policía.
«De las declaraciones de los testigos presenciales, en lo fundamental coinciden en que nadie vio a ninguna persona que agrediera a este vehículo, se coincide en que el que disparó luego de descender de la camioneta fue el jefe de escoltas (Manuel Moreno Rivas, actual secretario de Seguridad Pública de Oaxaca), pero no hay ningún dato que indique que hubo agresión.»
«Cinco de los proyectiles fueron disparados por una pistola calibre 9 milímetros con trayectoria de adentro hacia fuera de la camioneta y según los dictámenes en balística forense fueron percutidos por el arma que portaba el jefe de escoltas Manuel Moreno Rivas». Así Moreno Rivas enfrentaba investigaciones sobre su presunta responsabilidad en los delitos de falsedad de declaraciones emitida por la Procuraduría General de la República; «por lo que hace a delitos del fuero común, que tienen que ver con alteración de evidencias, daño en propiedad ajena y falta de notificación oportuna al Ministerio Público de la posible comisión de un delito (similar al de obstrucción de la justicia), se busca que la procuraduría de Oaxaca actúe en contra de Manuel Moreno Rivas, Eliberio Rafael Díaz Reyes (persona que golpeó el parabrisas de la camioneta), Heider Hernández Castellanos, René Rojas, Gaspar Canseco Mendoza y Edilberto Fuentes Moreno.» [3]
Durante 2006 se le señaló como el encargado de dirigir la Unidad Ministerial de Intervención Táctica (UMIT), encargada de reprimir a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Las acusaciones sobre el ex-jefe de la Policía Ministerial, Manuel Moreno Rivas no terminan, Aurora López Acevedo ex-funcionaria de gobierno y vinculada al pulpo camionero, fue levantada a mediados de 2010. Además de ser torturada, fue violada. Responsabilizó de la ejecución de este ataque directamente a Manuel Moreno Rivas.
El General Otto Pérez Molina, ex-jefe de Estado Mayor de Guatemala y comisionado gubernamental para las negociaciones de paz, confirmó que oficiales de las fuerzas armadas de México han asistido al curso anual que se imparte en la escuela de kaibiles. El cuerpo de élite contrainsurgente del ejército de Guatemala (La Jornada, 20 de septiembre de1996). Más tarde, en junio de 1997, otros tres militares mexicanos egresaban del XLVIII Curso Internacional Kaibil (Prensa Libre, 16 de junio de 1997). [4]
Sin embargo, estos represores no actuaron de forma aislada, ni por su propia cuenta, recibieron órdenes y estuvieron coordinados con Jorge Franco Vargas, conocido como «El Chucky», en aquel momento Secretario General de Gobierno destituido para después encabezar el comité estatal del PRI; Lizbeth Caña Cadeza Procuradora estatal que después pasó al cargo de auditora superior del estado; Heliodoro Díaz Escárraga, quien sustituyó a Franco Vargas y que se convirtió en diputado federal; además de otros funcionarios civiles y de los cuerpos policiacos en los últimos años, todos bajo las órdenes del Asesino Ulises Ruiz Ortíz.
Oaxaca 2006: Ardelio Vargas Fosado y Héctor Sánchez Gutiérrez, generales de la invasión.
Ardelio Vargas Fosado, quien estuvo al mando de las tropas de la Policía Federal Preventiva que invadieron Oaxaca en octubre de 2006, y que ahora ocupa el puesto de presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados federal a la vez que ha sido presentado como parte del equipo de transición del gobernador electo Rafael Moreno Valle que sustituirá al pederasta Mario Marín en Puebla.
Ardelio Vargas Fosado es egresado de la primera generación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales ENEP-Acatlán, de la UNAM, de la carrera de Licenciado en Derecho. Inició su carrera represiva desde 1974, como funcionario del Poder Judicial Federal. En el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) ocupó los cargos de Agente Investigador, Jefe de Departamento, Subdirector, Delegado Estatal, Director del Área de Inteligencia y Director del Área de Contra Inteligencia, desde 1990 hasta 2005.
Antes de dirigir la represión en Oaxaca, tuvo el mando Operativo en la represión a los mineros de la Siderúrgica (SICARTSA), en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fueron asesinados Mario Alberto Castillo y Héctor Álvarez Gámez, para después encabezar la represión en Atenco, Estado de México.
En diciembre del 2006 continua en el nuevo gobierno federal como Comisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP) y Titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en el más ansiado proyecto represivo del sexenio, la creación de la Policía única. A partir del 1 de Septiembre del 2009 es Diputado Federal, donde ocupa el puesto de Presidente de la Comisión de Defensa Nacional e integrante de las Comisiones de Justicia y de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados.
Este es el historial de Vargas Fosado, integrante de una de las familias más temidas de la Sierra Norte de Puebla, ante el cacicazgo y el desbordado poder político que han tenido a lo largo de años valiéndose en sus relaciones políticas y militares.
Héctor Sánchez Gutiérrez, por su parte, integra el equipo de transición en Zacatecas, conformado por Miguel Alejandro Alonso Reyes del PRI, quien asumió la gubernatura el 12 de septiembre de 2010, en calidad de «asesor» Sánchez Gutiérrez estará formando parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Antes fue Jefe de Inteligencia Militar en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, Coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo con grado de Comisario General, asesor de seguridad pública de los gobiernos de Tabasco y Campeche.
Estos dos generales que dirigieron a las tropas federales en Oaxaca, fueron exonerados en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahora se encuentran como parte de los equipos de transición para la gubernatura en dos estados del país, Puebla y Zacatecas, respectivamente, donde asumirán cargos o estarán como asesores en materia de «seguridad».
UBISORT
También los paramilitares de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) reciben adoctrinamiento, instruidos, el 27 de abril justificaban su criminal acción a los compañeros detenidos, alegando muertos de su lado, y que ellos si sabían lo que ocurría en la zona, de esta forma pretendían validar su ataque con armas de alto poder contra una Caravana de Observación de Derechos Humanos.
Sobre la compleja situación histórica que sufre el pueblo Triqui, desde hace más de 5 décadas, remitimos a la profunda investigación realizada en el libro San Juan Copala Dominación Política y Resistencia Popular: De las rebeliones de Hilarión a la fundación del Municipio Autónomo. Los orígenes de la UBISORT se remontan al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Surgió como una organización priísta que asumía el lema que había impulsado Zedillo en su campaña presidencial «Bienestar para tu familia».
Desde noviembre de 2009 hasta el momento, la violencia paramilitar impone su ley en Oaxaca, sometiendo a la región triqui a una creciente violencia ejecutando un genocidio sobre quienes han apoyado la construcción del Municipio Autónomo, creado directamente por las comunidades que al inicio de 2007 en plena ocupación de Oaxaca por las tropas de la PFP, siguieron los acuerdos tomados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en la insurrección de 2006.
El 28 de noviembre de 2009, una caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se dirigió hacia San Juan Copala, con motivo de difundir la campaña 12 presos, 12 estados que en aquel momento exigía la libertad de los 12 presos políticos de Atenco, y que en esas fechas había realizado varias actividades en conjunto con la APPO.
Sin embargo, ese día el FPDT tendría que lanzar el siguiente comunicado, en el que «denuncia el hostigamiento ordenado por el mal gobierno de Ulises Ruiz Ortiz en contra de la Campaña Libertad y Justicia para Atenco en su recorrido por el estado de Oaxaca, especialmente en la visita a la región de la mixteca en la ciudad de Tlaxiaco este 28 de noviembre de 2009.
Amenazando inicialmente a través de la organización conocida como Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), que se impediría la visita al Municipio Autónomo de San Juan Copala por parte de Atenco; para que después de haber realizado las actividades de la campaña, al regresar en dirección a la ciudad de Oaxaca la caravana de integrantes del FPDT fuera detenida y después seguida».[5] La persecución se prolongó por más de tres horas, conformada por diversas patrullas de la Policía Preventiva Estatal, hasta el destino final de la comisión de Atenco en la Casa Autónoma Solidaria Oaxaqueña de Trabajo Autogestivo (CASOTA).
Con esta acción, la UBISORT impedía la visita de la comisión del FPDT-Atenco al Municipio Autónomo de San Juan Copala, dando inicio al sangriento cerco paramilitar sobre la comunidad que en ese momento se saldaría con la vida de un menor de edad en las primeras ofensivas armadas.
Las fuerzas paramilitares combinadas de la UBISORT y del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, han derivado en la devastación del Municipio Autónomo de San Juan Copala, saldado en decenas de asesinatos, el ataque armado el 27 de abril sobre una caravana y después el 8 de junio impedir que una segunda avanzara hacia el Municipio Autónomo. Estos hechos demostraron plenamente al mundo la existencia de paramilitares que, con las armas en la mano, detuvieron el avance de víveres y activistas; que, además, iban cercados por un numeroso operativo de los cuerpos de seguridad estatales y federales, continuando así el cerco paramilitar sobre la comunidad, con las diarias agresiones armadas, violaciones y agravios bárbaros contra la población.
Al llegar noviembre de 2010, la comunidad de San Juan Copala ha sido abandonada. Sus habitantes, desplazados de esta guerra «de baja intensidad» contra la Autonomía, permanecen en la región a la espera de abandonarla, decenas de mujeres y niños se mantienen desde hace ya más de 3 meses en un campamento de desplazados en el Zócalo de la capital de Oaxaca, los crímenes se siguen manteniendo impunes al igual que los responsables paramilitares, y sus jefes en los diferentes órdenes de gobierno.
En estos ataques se les arrebató la vida a:
Héctor Antonio Ramírez Paz, 1 de noviembre 2009. Elías Fernández de Jesús de nueve años, 28 de noviembre 2009. José Celestino Hernández Cruz, 17 de abril de 2010. Alberta Cariño Trujillo, y Jyri Jaakkola, 27 de abril de 2010. Timoteo Alejandro Ramírez y Tleriberta Castro, 20 de mayo 2010. Antonio Ramírez López de 72 años de edad, Antonio Cruz García y Rigoberto González , 21 de agosto 2010. Pedro Santos Castro, 5 de septiembre 2010. Paulino Ramírez Reyes, 19 de septiembre 2010. Teresa Ramírez Sánchez, el bebé que llevaba en su vientre de 4 meses de gestación y Serafín Ubaldo, 16 de octubre 2010. Héctor Antonio Ramírez 1 de noviembre de 2010.
A ello se suman las presiones que han obligado que el campamento de desplazados se retirara temporalmente del Zócalo, con el pretexto del desfile militar del 20 de noviembre por parte de funcionarios de gobierno y una numerosa movilización policiaca durante la noche del 15 de noviembre; tras ello el campamento de desplazados de Copala ha regresado al Zócalo de Oaxaca.
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Trabajos Citados:
[1] Ibíd. 80
[2] Carlos Fazio, «Los zetas y la limpieza social», La Jornada, 30 de noviembre de 2009.
[3] La Jornada, sábado 5 de junio de 2004.
[4] Gustavo Castro Soto. SOA, La Escuela de las Américas, 5 de noviembre de 1999 CIEPAC
[5] Hostigamiento del gobierno de Ulises Ruiz contra la caravana del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra Atenco 28 de Noviembre de 2009 Oaxaca.
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la fuente: kaosenlared.net