Oaxaca 2010 Ley Militar Paramilitar; de Ulises a Gabino la impunidad permanece; en tiempos de «la paz y el progreso» permanecen activos varios grupos paramilitares, mientras se despliega el ejército
Por Daniel Arellano Chávez, Neri Martínez Hernández y Ricardo Trujillo González
13 de deciembre de 2010
Oaxaca 2010 ley militar-paramilitar
Hasta inicios del mes de octubre de 2006 mediante un comunicado el ejército federal reconocía la existencia de las siguientes tropas en Oaxaca:
Miahuatlán.- 624 elementos pertenecientes al 6º batallón de infantería,
Pinotepa Nacional.- 645 del 47º; batallón de infantería.
Nopala.- 609 elementos del 54/o batallón de infantería
Juxtlahuaca.- 372 elementos del 95/o batallón de infantería.
Tuxtepec.- 442 elementos del 6/o regimiento de caballería motorizado.
Tlaxiaco.- 104 elementos del 95/o batallón de Infantería.
Coxocon.- 489 elementos del 13/o regimiento de caballería motorizado.
Huajuapan de León.- 185 elementos de la 23/a compañía de infantería No Encuadrada.
Límites con Puebla.- 489 elementos del 24/o regimiento de caballería motorizado.
Límites con Guerrero.- 1,455 elementos del 4/o, 48/o y 93/o batallones de infantería
Ixcotel, Oaxaca, Brigada de infantería organizada con tres batallones de mil 837 efectivos
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Estas tropas se mantenían en el marco del Plan de Defensa Nacional II (Plan DN II Contrainsurgencia) que se ejecutaba desde el mes de marzo “para acotar las acciones de grupos armados”, y se incrementaron conforme se fueron dando los enfrentamientos con el Pueblo de Oaxaca durante finales de octubre y todo el mes de noviembre de 2006 (sobre todo con la derrota de la PFP en la batalla de todos santos el 2 de noviembre), hasta permanecer en los primeros meses de 2007, llegando a una cifra indeterminada de efectivos que arribaron por tierra, mar y aire a Oaxaca.
Desde el último mayor arribo de tropas del ejército a mediados de 2007, con el pretexto del estallido de varios explosivos en ductos de PEMEX en Guanajuato y Querétaro asumidos por el EPR, y que derivó en el reforzamiento del operativo represivo el 16 de julio de 2007, en el Cerro del Fortín, la militarización en Oaxaca ha sido continua.
El 16 de agosto de 2008, el Ejército federal a través de la XXVIII Zona Militar anunció el despliegue por todo el territorio del estado de 6 mil efectivos de infantería que instalarían retenes y realizarían patrullajes, además de hacer una exhibición de los egresados del Centro de Adiestramiento de Combate Individual Regional (CACIR) ubicado en Miahuatlan de Porfirio Díaz.
A comienzos de febrero de 2009, la Secretaria de la Defensa Nacional anunció la creación de la 46ava. Zona Militar, con sede en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca, la cual está al mando del General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Eduardo Antonio Mundo Villegas. La extensión territorial que abarcará esta nueva Zona Militar comprende 59 municipios, ubicados todos en la región del Istmo de Tehuantepec; destacando entre otros: Santo Domingo Tehuantepec, Matías Romero, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo y Santo Domingo Zanatepec.
Con ello, la división territorial de la VIII Región Militar que comprende los estados de Oaxaca y en una mínima parte de Veracruz, queda conformada con la 28ava., la 44ava. y la 46ava. Zonas Militares con sede en las plazas de Santa María Ixcotel, Miahuatlán de Porfirio Díaz y Ciudad Ixtepec, respectivamente. Dichas zonas se encuentran bajo el mando del General de Brigada diplomado del Estado Mayor, Carlos Guillermo Murillo Soberanes, como comandante de la 28/a. Zona Militar; el Vicealmirante José María Ortegón Cisneros, Comandante de la X Zona Naval Militar con sede en Salina Cruz y el Comandante de la Base Aérea Militar de ciudad Ixtepec, Luis Ignacio Salgado.
Los retenes se han incrementado, incluso han sido impuestos en los alrededores o dentro de la misma ciudad en años posteriores, en coordinación con corporaciones estatales, tal es el caso de los retenes instalados por las noches antes de llegar al Crucero del Aeropuerto en julio de 2008, o el operativo coordinado de todas las policías en conjunto con elementos del Ejército para impedir por parte del pueblo de Oaxaca la toma del Crucero de Cinco Señores el 2 de noviembre de 2008 a dos años de la derrota de la PFP en este lugar. Además, los que se encuentran de forma permanente en puntos obligados para la salida a las diversas regiones del estado.
Los más recientes instalados en San Martín Mexicapan, la Colonia del Maestro, Primera Etapa (7 de noviembre), la Colonia Dolores (14 de noviembre), Santa Rosa (15 de noviembre) en los alrededores de la Central de Abastos en las noches de noviembre de 2010, además de constantes recorridos de camiones militares que se han estacionado en diferentes lugares como en las cercanías del estadio de beisbol o la calle Tinoco y Palacios en los últimos días.
Oaxaca se encuentra contemplada dentro de un plan de la Secretaria de la Defensa Nacional denominado “Construcción de Puestos de Control Estratégico” a imponerse en 2011, por la que el ejército solicita mil 600 millones de pesos para la construcción de 13 puestos de control en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, pretextando la lucha contra el narcotráfico, en Oaxaca se instalarían dos retenes más a los ya existentes por todo el estado.
A esto se agrega el constante equipamiento de las corporaciones policiacas, y el incremento de elementos en las mismas. En los últimos días de la “administración” del asesino Ulises Ruiz ha destacado la entrega de casi 500 patrullas en todo el estado, así como la próxima reinauguración en este mes, de la ampliación del Cuartel General de la Policía Estatal, es decir la ampliación del Centro de Tortura de Santa María Coyotepec, donde se realizó una de las principales represiones contra los pueblos de Oaxaca el 27 de octubre de 2006 con un saldo no determinado de asesinatos y desapariciones ante la dimensión brutal de esta represión, además de que ahí se ha torturado a decenas de integrantes de la APPO, así como participantes del movimiento social en Oaxaca.
En términos económicos, el gobierno del estado gastó tan sólo en este año mil 307 millones de pesos, a lo que se suman 273 millones de pesos por parte del gobierno federal en Oaxaca, lo que da un total de más de mil 600 millones de pesos gastados en “Seguridad Pública”.
Sergio Loyo Ortega coordinador de seguridad pública en Oaxaca de Juárez, destacó el incremento en 300% del parque vehicular y de 40% en cuanto a número de elementos, anuncio dado el 1 de diciembre de 2009 durante la entrega de equipo por un valor de veintidós millones de pesos.
Entre el equipo anunciado se encontraban 32 nuevas unidades móviles, consistentes en 4 vehículos Tsuru, 9 camionetas doble cabina, 2 camionetas de tres y media toneladas, un camión Kodiak, 8 motocicletas y 8 cuatrimotos, 15 cámaras para despliegue, 37 equipos de radio comunicación y 29 equipos PDA (computadoras de mano enlazadas a la plataforma México), estos equipos se distribuirían para coberturar los seis sectores en que la policía tiene dividida la ciudad (Centro Histórico, Central de Abasto, Oriente, Poniente, Sur y Norte). Cabe destacar que a la par de este equipamiento, aunque los funcionarios presumen la capacitación de las nuevas tropas, ellos mismos reconocen que sólo 10% de los policías tienen secundaria o preparatoria, el resto la primaria.
Comúnmente, la presencia de los cuerpos represivos en las calles se incrementa aún más de lo cotidiano, cuando se aproximan festividades o celebraciones oficiales (15 de septiembre, 20 de noviembre, periodos vacacionales), casi siempre se anuncian operativos que en conjunto representan la movilización de por lo menos más de 1500 policías municipales en la ciudad de Oaxaca y de más de 5 mil policías estatales en todo el estado. Estos anuncios casi siempre realizados por los actuales represores en los cuerpos policiacos, tales como Javier Rueda Velásquez Secretario de Seguridad, Jorge Alberto Quezadas Comisionado de la Policía Estatal o Alan Loren Peña Director Estatal de Investigaciones.
Estos patrullajes se enlazan con las avanzadas de tropas militares sobre varias poblaciones que se organizan para impedir los mega proyectos, tal es el caso de San Miguel Panixtlahuaca donde el “23 de abril de 2009, a partir de las nueve de la mañana, 15 camiones tipo torton llenos de soldados armados y encapuchados del ejército federal arribaron y sitiaron la comunidad indígena chatina de San Miguel Panixtlahuaca, distrito de Juquila, en la costa de Oaxaca. El informe que nos envían pobladores de esta comunidad indígena es que los soldados sitiaron con retenes la comunidad no dejando entrar ni salir a nadie y además empezaron a catear las casas de los pobladores en busca de armas, aunque además robaron dinero y amedrentaron a una población indígena indiscriminadamente si eran hombres, mujeres, ancianos y niños», [1] así como las incursiones del ejército federal en San José del Progreso en que soldados de la 44va Zona Militar pretendieron entrar al territorio de los compañeros que se oponen a la Minera canadiense Fortuna Silver Mines.
En la continuidad de este acoso sobre comunidades, el pasado 25 de noviembre de 2010, el ejército federal arribo a la región del pueblo Mazateco, en donde sitiaron varias comunidades, instalaron retenes y catearon casas. La denuncia pública menciona: “Hasta el cierre de esta redacción no se reportan hechos de violencia, la palabra en lengua materna que se le ha dado a esta práctica militar se le ha llamado: shijùn (marabunta), “ha pasado la marabunta”.
Con esta acción militar queda el sentimiento entre las familias de Nashinandá-mazatecas, un silencio sepulcral y la incertidumbre de ¿qué pasará mañana?”. [2] Este sentimiento es compartido y se extiende en Oaxaca por diversas comunidades, ante el notable incremento de movimientos militares durante el último mes en Oaxaca.
Pese a este amplio control policiaco y militar en la capital y todo el territorio del estado, los grupos paramilitares actúan con impunidad sin ser siquiera “molestados” en su actuar; evidencia de la actuación coordinada del Estado y sus aparatos de represión, oficiales y paramilitares. La Caravana emboscada el 27 de abril de 2010 demostró el actuar coordinado de los cuerpos represivos y los paramilitares, ya que el gobierno se negó a realizar cualquier tipo de acción en busca de sobrevivientes de la misma. Como una comprobación de esta realidad, lo ocurrido en la Caravana de solidaridad Bety Cariño y Jyri Antero Jaakkola que fue detenida en su avance hacia San Juan Copala el pasado 8 de junio de 2010.
El paramilitarismo en Oaxaca se extiende en varias regiones, la creación de estos grupos va de la mano de los intereses de las transnacionales, el gobierno o cacicazgos regionales; tal es el caso del surgimiento de grupos a los que se les han dado armas en San José del Progreso para enfrentar al pueblo que lucha por expulsar a la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, el grupo paramilitar surgido en Santiago Laollaga llamado “la fraternidad” dirigido por Humberto Alcalá Betanzos, además de la presencia de paramilitares en Santos Reyes Nopala, Chalcatongo y números pistoleros al servicio de los cacicazgos regionales en todo el estado.
En “Santo Domingo Ixcatlán, comunidad, enclavada en la Sierra Alta Mixteca, no deja de padecer actos de violencia. El 30 de abril de 2008, Gustavo Castañeda, de 25 años, fue quemado vivo en el interior de su automóvil; Inocencio Medina Bernabé, de 51, y Melesio Martínez Robles, de 60 años y representante de Bienes Comunales del municipio, fueron acribillados. Uno de ellos fue descuartizado por intentar defender la vida del joven (Contralínea 103).
Los pobladores responsabilizaron al expresidente de Santo Domingo Ixcatlán, Freddy Eucario Morales Arias, de comandar el grupo paramilitar que asesinó a las tres personas, pues éstas se oponían a entregar 914 hectáreas de terreno que el edil municipal ya habías vendido por 40 millones de pesos a Chalcatongo de Hidalgo, municipio colindante con el que sostienen un conflicto agrario desde hace 150 años”.
“El 19 de mayo de 2008, el Cedhapi informó que funcionarios del gobierno de Oaxaca protegían a los “guardias blancas”, grupo paramilitar supuestamente comandado por el actual presidente del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, Jorge Franco Vargas; además, advirtió que Freddy Eucario Morales Arias participó en actos represivos y de hostigamiento contra el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006.” [3]
Entre los casos que se pueden enlistar, está el de San Blas Atempa donde los asesinatos ordenados por el cacicazgo de Agustina Acevedo Gutiérrez permanecen en impunidad, hace 2 años cuando la Caravana del Sendero del Jaguar pasó por esta comunidad, se pudo recabar la exigencia de la población de castigar a los asesinos de Paulino Salud Landis, ejecutado el 4 de mayo de 2008, apenas dos días antes de la llegada de la caravana, mientras se realizó el evento público en la plaza del pueblo, varias ocasiones pistoleros al servicio del PRI merodearon las calles cercanas con armas de alto calibre.
En aquella concentración realizada en San Blas Atempa se denunció: “Desde hace doce años la vida política en San Blas Atempa está siendo manipulada por la cacique Agustina Acevedo Gutiérrez, importante aliada de Ulises Ruiz Ortiz. Esta cacique, en los últimos años, fue diputada y presidenta municipal y antes fue líder de cañeros en el istmo de Tehuantepec. Se ha apropiado de los recursos gubernamentales que llegan a la población: Programas, Procampo y Oportunidades entre otros, los cuales son entregados solo a los simpatizantes priístas, por órdenes y conveniencia de “la señora”, como le dicen los blaseños. Con el poder que tiene, ha manejando a su voluntad a los presidentes municipales de San Blas y ha dispuesto de las tierras comunales, vendiendo terrenos sin consultar previamente a los campesinos, provocando de esta manera irritabilidad entre los pobladores, enfrentamientos y división social”. [4]
Los pobladores identificaron como autores intelectuales del asesinato Paulino Salud Santis al actual presidente municipal priísta Jaime Rito Salinas, “la señora” Agustina Acevedo Gutiérrez y la diputada Sofia Castro.
Esta historia de muerte e impunidad que hoy se agudiza en México, y que en Oaxaca ha llevado a la destrucción material de la comunidad de San Juan Copala, más no de su lucha y que cerca de forma amenazante a los procesos de lucha autónomos, desde las comunidades zapatistas a las formas de organización comunitaria, agrediendo la organización libre de los pueblos, ya sea en Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca o cualquier otra parte del país, el paramilitarismo es un instrumento de violencia estatal que permanece latente.
El 14 de abril de 2010, los jefes de las fuerzas militares de México, Estados Unidos y Colombia se reunieron en Washington, “para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. En la reunión participaron el almirante Michael Mullen, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos; el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa de México, y el almirante Mariano Francisco Saynez, Secretario de Marina mexicano, acompañados de Freddy Padilla jefe de las fuerzas armadas en Colombia.
Este encuentro no es poca cosa, es la primera vez que se realizaba una reunión trilateral de este nivel, por parte de un militar que encabezó las acciones de la invasión norteamericana a Afganistan, Freddy Padilla general que ha dirigido a las fuerzas armadas colombianas en conjunto con el paramilitarismo cuyos efectos más siniestros por poner un ejemplo, se demuestran en la existencia de la fosa común más grande descubierta hasta el momento en el continente, en la Macarena, Departamento del Meta, en la que se calcula fueron sepultados clandestinamente al menos 2 000 mil personas, opositoras al régimen, y Galván Galván Secretario de la Defensa Nacional responsable del despliegue del ejército mexicano en la guerra contra el narco que se ha saldado hasta ahora en más de 30 mil personas asesinadas.
Los pueblos latinoamericanos saben en carne propia lo que significan este tipo de reuniones, como a principios de siglo pasado los militares franceses se reunían con sus “colegas” argentinos y como posteriormente en plena fiebre dictatorial del “combate a la subversión”, las reuniones de militares del hemisferio derivaron en la planeación de la cacería humana más cruel que se haya registrado: el Plan Cóndor. Señales de alerta tan parecidas a la véngala que cayó sobre la Plaza de Tlatelolco en 1968 como indicación de iniciar la masacre, se encienden en estos momentos.
Ante ello la articulación libre y autónoma de los pueblos se hace urgente ante este panorama aparentemente avasallante, las resistencias que se han mantenido en defensa de los territorios comprenden que el aislamiento no es una opción para detener los intereses de los gobiernos y empresas transnacionales.
La organización comunitaria se hace indispensable en estas circunstancias, la autonomía declarada o no como tal, en diversas comunidades, persiste en mantener las alternativas al desarrollo, generando perspectivas de vida buena para las personas en control de las decisiones y de su entorno natural, respetando y valorando la herencia ancestral que como pueblos han mantenido pese a las continuas invasiones.
Aunque este panorama pareciera desolador, la indignación popular contenida está a punto de estallar, bien lo reflejan las palabras de un hombre que frente a los soldados que asesinaron a dos jóvenes inocentes en Jalpan de Méndez Tabasco. Ante la negativa de los militares de permitir el paso de la madre, familiares y amigos para recoger los cuerpos que aún permanecían en el vehículo tiroteado sobre la carretera, pronunció el grito contenido por millones de personas a lo largo y ancho de México, grito pleno de dolor, rabia e indignación… señalando a los militares como los asesinos de Ciudad Juárez. La acción criminal de asesinar inocentes; replegándolos junto a las demás personas que exigían pasar expresó… “¡es lo que necesita México, otra Revolución!”.
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Trabajos Citados:
[1] Ejército Federal sitia comunidad de San Miguel Panixtlahuaca. Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL) 24 de abril de 2009.
[2] Radio Nhandiá. Elementos del ejército catean hogares mazatecos en el pueblo indígena Nashinanda
[3] Revista Contralínea, 15 de enero de 2009, Oaxaca: amparo a paramilitares, Alba Martìnez
[4] San Blas Atempa “Esta represión ya no la queremos” Caravana del Sendero del Jaguar. mayo de 2008
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la fuente: kaosenlared.net
